No todas las empresas deben contar con un sistema de prevención del lavado de activos. Sin embargo, determinados sectores, como el inmobiliario, el factoring y las casas de cambio, están sujetos a obligaciones específicas para evitar que sus actividades sean utilizadas con fines ilícitos.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de norma que busca reforzar estos controles en las personas jurídicas supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú). La propuesta todavía se encuentra en consulta pública.
Vicente Cruz, CEO y fundador de Sheriff, explicó que las empresas deben revisar si su actividad económica se encuentra dentro de la relación oficial de sujetos obligados. La responsabilidad no depende únicamente de la razón social, sino del tipo de operaciones que realizan y de las condiciones establecidas en la normativa.
Entre las principales medidas que deben considerar figuran las siguientes:
- Verificar si están obligadas a informar a la UIF-Perú: revisar si la actividad de la empresa aparece en la lista oficial de sujetos obligados.
- Conocer a clientes y proveedores: recopilar y comprobar información sobre las personas y compañías con las que mantienen relaciones comerciales, así como identificar operaciones que no correspondan con su actividad habitual.
- Implementar controles internos: establecer políticas y procedimientos para detectar y gestionar riesgos de lavado de activos. Según el régimen aplicable, también podría ser necesario designar a un oficial de cumplimiento.
- Detectar operaciones inusuales: contar con mecanismos para identificar movimientos sospechosos y determinar cuándo corresponde comunicarlos a la UIF-Perú, respetando la reserva de la información.
Cruz señaló que la prevención no debe limitarse al cumplimiento de una formalidad, sino que implica conocer a las personas y empresas con las que se realizan negocios, identificar señales de alerta y saber cómo actuar ante posibles irregularidades.
¿Qué plantea la nueva propuesta de la SBS?
El proyecto busca establecer disposiciones para que las personas jurídicas comprendidas en su alcance implementen sus respectivos sistemas de prevención, de acuerdo con las obligaciones legales y los estándares internacionales.
Mientras la propuesta continúa en consulta pública, las empresas pueden revisar sus procedimientos y comprobar si cumplen con las exigencias que ya están vigentes. La SBS mantiene disponible en su portal la relación de sujetos obligados y las responsabilidades que deben asumir.
