El Pleno del Congreso de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 por unanimidad la norma que establece la devoluci\u00f3n del pago y la compensaci\u00f3n a los usuarios ante interrupciones injustificadas del servicio de agua potable y alcantarillado. La iniciativa representa un avance decisivo en la defensa de los derechos de millones de usuarios peruanos, al asegurar que ninguna familia quede desprotegida frente a fallas que afectan su salud, calidad de vida y econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Durante la sustentaci\u00f3n del dictamen, la presidenta de la Comisi\u00f3n de Defensa del Consumidor (CODECO), congresista Katy Ugarte, explic\u00f3 que la medida busca garantizar la continuidad del servicio de saneamiento bajo criterios de equidad, especialmente en escenarios donde se comprometen derechos humanos esenciales. \u201cNo es aceptable que los usuarios, quienes ya financian a trav\u00e9s de sus recibos las p\u00f3lizas de seguro de las empresas prestadoras, queden sin un resarcimiento justo ante cortes injustificados que afectan su dignidad y su vida cotidiana\u201d, enfatiz\u00f3 la parlamentaria.<\/p>\n\n\n\n
Ugarte record\u00f3 que las p\u00f3lizas de responsabilidad civil contratadas por las empresas prestadoras no cubren las interrupciones del servicio, pese a que ese costo s\u00ed es asumido por los usuarios. En ese sentido, precis\u00f3 que la norma aprobada corrige un vac\u00edo legal que, por a\u00f1os, vulner\u00f3 la soberan\u00eda del consumidor. \u201cCon esta modificaci\u00f3n se cumple el mandato del C\u00f3digo de Protecci\u00f3n y Defensa del Consumidor, que exige una protecci\u00f3n eficaz frente a riesgos que comprometan la salud, la integridad f\u00edsica y la calidad de vida de la poblaci\u00f3n\u201d, agreg\u00f3. La legisladora evoc\u00f3 adem\u00e1s casos como los ocurridos en Villa Mar\u00eda del Triunfo (2012) y San Juan de Lurigancho (2019 y 2021), donde miles de familias no recibieron una compensaci\u00f3n oportuna pese a los graves perjuicios ocasionados. \u201cEstas experiencias demostraron la urgencia de una respuesta firme del Estado. Hoy estamos cerrando esa brecha de desprotecci\u00f3n\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
La norma establece que, ante una interrupci\u00f3n injustificada atribuible a la empresa prestadora, esta deber\u00e1 devolver el pago correspondiente al periodo afectado y compensar econ\u00f3micamente al usuario por el tiempo sin servicio. Ugarte resalt\u00f3 que la comisi\u00f3n se ratific\u00f3 en el concepto de compensaci\u00f3n aprobado inicialmente en la aut\u00f3grafa. \u201cLa compensaci\u00f3n es un mecanismo que permite el resarcimiento directo de los usuarios afectados por cortes intempestivos o desbordes de alcantarillado. Este reconocimiento no solo cubre da\u00f1os patrimoniales, sino tambi\u00e9n la afectaci\u00f3n a derechos no patrimoniales y el costo de oportunidad asumido por las familias al buscar alternativas para obtener agua, un recurso esencial\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, destac\u00f3 que este mecanismo se alinea con pr\u00e1cticas internacionales, como las aplicadas en el sector saneamiento de Colombia y en el servicio el\u00e9ctrico en el Per\u00fa, donde la compensaci\u00f3n administrativa o extrajudicial cubre los da\u00f1os m\u00e1s evidentes y comprobables generados por interrupciones.<\/p>\n\n\n\n
Ugarte inform\u00f3 que, tras el an\u00e1lisis del dictamen, la comisi\u00f3n recomend\u00f3 allanarse al texto sustitutorio propuesto por el Poder Ejecutivo, el cual mantiene \u00edntegramente el derecho a la compensaci\u00f3n aprobado por CODECO y asegura coherencia legislativa con la normativa vigente. \u201cSe trata de un paso firme hacia una gesti\u00f3n m\u00e1s justa y transparente de los servicios b\u00e1sicos, con un Estado vigilante y comprometido con la protecci\u00f3n de los ciudadanos\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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