El crecimiento de los juegos y las apuestas por internet ha obligado a Perú a desarrollar nuevas reglas para un sector que mueve cada vez más operaciones digitales. La formalización impulsada por la Ley N.º 31557 permitió establecer requisitos para las empresas que ofrecen juegos y apuestas deportivas a distancia, así como mecanismos de supervisión a cargo de las autoridades competentes.
La regulación también plantea un desafío que trasciende al propio sector: prevenir que el volumen y la velocidad de las transacciones digitales sean aprovechados para introducir fondos de origen ilícito. Por ello, el control de las operaciones, la identificación de los usuarios y el reporte de actividades sospechosas forman parte cada vez más importante del marco regulatorio.
La rapidez de los depósitos y retiros es, además, uno de los elementos que los usuarios pueden considerar al utilizar este tipo de servicios. En internet existen sitios que recopilan información sobre casinos que pagan al instante, aunque la velocidad de procesamiento de una operación no determina por sí misma el nivel de cumplimiento regulatorio de una plataforma. Desde la perspectiva de la prevención del lavado de activos, precisamente el volumen y la rapidez de las operaciones hacen necesarios mecanismos adecuados de identificación, monitoreo y reporte.
El marco antilavado se extendió al juego por internet
La regulación peruana del juego a distancia no se limita a establecer las condiciones bajo las cuales pueden operar las plataformas. También incorpora obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En octubre de 2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó la Resolución N.º 03622-2025, que establece normas para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicables a las personas jurídicas que explotan juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia bajo supervisión del MINCETUR.
Entre otras medidas, el marco contempla sistemas de prevención, procedimientos de debida diligencia, identificación y conocimiento del cliente, designación de responsables de cumplimiento y mecanismos para comunicar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).
En 2026, la SBS continuó desarrollando la normativa de prevención del lavado de activos mediante disposiciones específicas aplicables a actividades como casinos y máquinas tragamonedas.ctividad debe ir acompañada de mayores controles.
También existe abundante información en internet acerca de las distintas modalidades de juego, incluida aquella relacionada con la posibilidad de jugar en casinos de forma anónima. Sin embargo, desde una perspectiva regulatoria, la tendencia apunta precisamente en sentido contrario: aumentar la identificación de los usuarios, la trazabilidad de las operaciones y la capacidad de detectar comportamientos que puedan requerir revisión.
Los criptoactivos añaden nuevos desafíos de trazabilidad
La expansión de los criptoactivos ha incorporado otra dimensión al debate internacional sobre prevención del lavado de activos. Organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han advertido durante los últimos años sobre los riesgos asociados a determinados usos de activos virtuales, especialmente cuando las operaciones involucran múltiples proveedores o jurisdicciones.
Las stablecoins ocupan un lugar cada vez más relevante dentro de este ecosistema debido a su utilización como instrumentos digitales vinculados al valor de monedas tradicionales como el dólar.
Para un usuario peruano, conceptos como un depósito en USDT forman parte de una economía digital mucho más amplia que incluye exchanges, billeteras y servicios financieros basados en blockchain.
Desde el punto de vista regulatorio, el desafío no está en considerar ilícito el uso de estos activos, sino en garantizar que existan mecanismos suficientes de trazabilidad, identificación y cooperación cuando una operación presenta señales de riesgo. El carácter internacional de muchas transacciones digitales hace que esta tarea requiera coordinación entre autoridades y proveedores de distintas jurisdicciones.
La regulación también ha generado una importante recaudación fiscal
La formalización del sector tiene además un impacto económico medible. Según información difundida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre enero y noviembre de 2025 Perú recaudó S/419,5 millones mediante los impuestos aplicables a casinos, máquinas tragamonedas, juegos a distancia y apuestas deportivas.
Estos recursos tienen distintos destinos establecidos por la regulación, entre ellos el Tesoro Público, el sector Salud, el Instituto Peruano del Deporte y el propio MINCETUR.
La recaudación muestra la dimensión económica que ha alcanzado el sector, pero también ayuda a entender por qué su supervisión resulta cada vez más relevante. A medida que aumenta el número de operaciones digitales, las autoridades necesitan herramientas capaces de analizar grandes volúmenes de información sin perjudicar las transacciones legítimas de los usuarios.
Los operadores regulados deben asumir mayores obligaciones de control
Una de las diferencias fundamentales entre un mercado regulado y uno que funciona fuera del marco nacional está en las obligaciones que deben cumplir las empresas.
Los operadores sujetos a las normas peruanas deben implementar procedimientos de identificación y conocimiento del cliente, monitorear operaciones, mantener registros y contar con mecanismos internos de prevención. También deben atender los requerimientos que puedan realizar las autoridades competentes.
Estas obligaciones implican inversión en tecnología, personal especializado y procesos de cumplimiento. Al mismo tiempo, permiten construir un ecosistema en el que las operaciones puedan ser supervisadas y en el que existan responsables identificables frente a posibles incumplimientos.
El desafío aparece cuando servicios ubicados fuera de la jurisdicción peruana pueden ser accesibles por internet. La naturaleza transfronteriza de la economía digital hace que la regulación exclusivamente nacional tenga límites y aumenta la importancia de la cooperación internacional.
El desafío no es frenar la digitalización, sino supervisarla mejor
El crecimiento de los juegos y las apuestas online forma parte de una transformación mucho más amplia de la economía. Pagos inmediatos, billeteras digitales, activos virtuales y servicios disponibles las 24 horas permiten realizar operaciones que hace una década requerían procesos considerablemente más lentos.
Esa velocidad ofrece ventajas para consumidores y empresas, pero también obliga a modernizar los mecanismos de supervisión.
Perú ya cuenta con una legislación específica para los juegos y apuestas a distancia y con obligaciones destinadas a prevenir el lavado de activos. El siguiente desafío consiste en conseguir que la capacidad tecnológica e institucional de las autoridades evolucione al mismo ritmo que el mercado.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a si las transacciones digitales son más rápidas o si aparecen nuevos medios de pago. La cuestión central es cómo aprovechar esas innovaciones manteniendo mecanismos suficientes de identificación, trazabilidad y control. En un mercado cada vez más digital e internacional, esa capacidad será determinante para proteger tanto a los usuarios como a la integridad del sistema financiero peruano.
