El Gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1744, que modifica el Código Penal para sancionar a las personas que faciliten sus cuentas bancarias, billeteras digitales como Yape o Plin y otros servicios financieros para recibir o movilizar dinero proveniente de extorsiones.
La norma establece que quienes proporcionen, cedan o presten el uso de estos productos financieros con conocimiento de su finalidad delictiva, o cuando debían presumirla, recibirán la misma pena prevista para el delito de extorsión.
La disposición busca alcanzar a quienes facilitan sus cuentas para canalizar el dinero exigido por organizaciones criminales, una práctica que permite a los extorsionadores recibir pagos y dificultar el rastreo de los recursos obtenidos ilegalmente.
El decreto fue publicado el 8 de noviembre en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano y forma parte de un conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo para reforzar la lucha contra la criminalidad violenta, informática y organizada.
¿Qué otras sanciones contempla el Decreto Legislativo 1744?
La modificación también incrementa las penas para determinadas conductas vinculadas con el sicariato. La conspiración y el ofrecimiento para cometer este delito serán castigados con entre 10 y 12 años de prisión. La sanción se elevará a un rango de 12 a 15 años cuando intervengan menores de edad o los actos se realicen desde un establecimiento penitenciario.
Asimismo, se incorporan sanciones para quienes alteren, eliminen o sustituyan los números de serie y otros elementos de identificación de armas de fuego, así como para quienes presenten declaraciones falsas sobre su pérdida o sustracción.
En materia de delitos informáticos, el decreto modifica la legislación para sancionar el acceso ilícito a sistemas mediante el uso no autorizado de credenciales, contraseñas o códigos de verificación, entre otras disposiciones.
Gobierno también modifica las reglas sobre legítima defensa
En paralelo, el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1743, que introduce cambios en las reglas para quienes actúen en legítima defensa frente a una agresión.
Esta segunda norma elimina el criterio de proporcionalidad de los medios empleados para defenderse y establece que la racionalidad de la respuesta debe evaluarse considerando las circunstancias del ataque. También dispone que el Ministerio Público deberá demostrar que no existió legítima defensa cuando corresponda y que los fiscales deberán archivar definitivamente los casos cuando esta se encuentre corroborada.
Ambos decretos fueron aprobados al amparo de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.
